El Congreso de los Diputados español vuelve a situar el expediente del Sáhara marroquí en el centro del debate.

La votación del Congreso de los Diputados español sobre el proyecto de ley relativo a facilitar que miles de saharauis obtengan la nacionalidad española ha vuelto a colocar el expediente del Sáhara marroquí en el centro del debate político y jurídico en Madrid, después de que el texto recibiera el apoyo de 168 diputados, frente a 31 votos en contra y 147 abstenciones.

Este proyecto se basa en un contexto histórico relacionado con el periodo de administración española de la región. Según las condiciones establecidas en el texto, abre una vía específica para determinadas categorías de saharauis nacidos durante aquella etapa con el fin de obtener la nacionalidad española, extendiéndose algunas de sus disposiciones a sus hijos.

De este modo, el texto plantea la cuestión de la relación jurídica que ha permanecido en la memoria española con los habitantes de una región que estuvo sometida a la administración española, en un momento en que Madrid intenta desde hace años equilibrar su legado histórico con sus actuales compromisos políticos.

El reparto de los votos revela además un aspecto político importante. El Partido Socialista, que anteriormente se había opuesto a la iniciativa en una de las etapas de su recorrido parlamentario, terminó apoyándola, mientras que el Partido Popular optó por abstenerse y Vox votó en contra.

Esta divergencia refleja la continuidad de la división dentro del panorama político español sobre la manera de abordar la cuestión del Sáhara y el legado colonial de España. También pone de manifiesto la presencia de este asunto en las disputas políticas internas, más allá de tratarse de una cuestión relacionada con la nacionalidad y los derechos individuales.

La sensibilidad de la medida para Marruecos aumenta debido al momento en que se produjo, ya que tuvo lugar el mismo día en que el Ministerio de Asuntos Exteriores marroquí emitió un comunicado con críticas claras hacia determinadas posiciones políticas y mediáticas españolas, al tiempo que reiteró su compromiso con la opción de la buena vecindad y la asociación entre ambos países.

Aunque el proyecto de ley no establece jurídicamente un cambio en la posición oficial española respecto a la cuestión del Sáhara marroquí ni reconoce un nuevo estatus político para la región, su aprobación abre un debate sobre los límites de la utilización del legado español en el Sáhara dentro de las instituciones legislativas de Madrid y sobre la posibilidad de que este debate pase del ámbito de los derechos al ámbito político.

Por ello, la importancia de la decisión parece estar relacionada con su capacidad para poner a prueba el delicado equilibrio que ha regido las relaciones entre Marruecos y España desde el anuncio del 7 de abril de 2022. Madrid apuesta por una asociación estratégica con Rabat que incluye la economía, la seguridad y la inmigración, mientras que dentro de sus instituciones políticas continúan surgiendo iniciativas relacionadas con asuntos sensibles para Marruecos.

Desde esta perspectiva, el trasfondo de la decisión no reside únicamente en la nacionalidad, sino también en la cuestión de si la referencia al pasado español en el Sáhara seguirá limitada a soluciones jurídicas y relacionadas con los derechos, o si progresivamente se convertirá en una herramienta dentro de la disputa política interna española y sus repercusiones sobre las relaciones con Rabat.

Al Arabi Nass: el proyecto no es fruto de las circunstancias actuales

Al Arabi Nass, experto militar y antiguo miembro del Frente Polisario, afirmó que la propuesta de ley de nacionalidad española en favor de los saharauis «no es fruto de los acontecimientos actuales». Explicó que fue planteada hace años, incluso antes de la formación del actual Gobierno, después de que Podemos la presentara durante la anterior legislatura, antes de la caída del Gobierno y la convocatoria de elecciones anticipadas. Posteriormente, volvió a ser presentada por Sumar, integrante de la coalición gubernamental española.

En declaraciones a un diario digital marroquí , Nass explicó que «no se puede relacionar esto con cuestiones coyunturales o surgidas de las circunstancias actuales», señalando que las transformaciones producidas durante el recorrido de la ley están relacionadas principalmente con «los equilibrios internos del Gobierno y de los partidos políticos españoles».

Añadió que el Partido Socialista intentó, durante el periodo de debate del proyecto, tener en cuenta lo que la decisión podría provocar en Marruecos, antes de encontrarse ante la presión de su socio de Gobierno, Sumar, que necesita para mantener la mayoría y continuar en el poder.

El experto en asuntos españoles añadió que esta situación generó «idas y vueltas» entre bastidores, lo que contribuyó a dificultar el proceso legislativo y a que avanzara «con pasos pesados». Consideró que las posteriores evoluciones confirman que el expediente está más relacionado con los equilibrios internos entre los partidos que con la coyuntura política actual.

En este sentido, el director del Centro para los Estudios Políticos y Estratégicos por la Paz afirmó que la posición del Partido Popular también estuvo vinculada a las disputas políticas internas. Señaló que, durante el periodo en que el Partido Socialista se mostraba reservado respecto a la iniciativa, el Partido Popular se presentaba como defensor de la ley, debido a lo que describió como el «sentido electoral y oportunista» de la derecha española, antes de cambiar de posición cuando los socialistas modificaron la suya y Sumar entró en el Gobierno.

El investigador especializado en los entresijos del conflicto señaló que este cambio quedó claramente reflejado durante la votación en la Comisión de Justicia hace varios meses, cuando el Partido Popular intentó introducir modificaciones que, según consideró, «vacían la ley de su utilidad y de su significado», para finalmente abstenerse.

Asimismo, afirmó que atribuir a esta evolución una importancia mayor de la que realmente tiene supondría una lectura inexacta y que la decisión debe situarse dentro del proceso de disputa y equilibrio entre los partidos españoles.

Por su parte, Al Arabi Nass subrayó que el proceso legislativo de la ley todavía no ha terminado y que necesita completar otras etapas antes de entrar en vigor, pese a haber superado la fase más importante dentro del Congreso de los Diputados. Destacó que el papel del Senado sigue siendo limitado en comparación con el Congreso en lo relativo a la resolución del proceso legislativo, conforme al sistema constitucional español.

Nass añadió que, a su juicio, el comunicado marroquí emitido coincidiendo con estos acontecimientos fue «equilibrado» y «racional», aunque llegó tarde. Señaló que el silencio del Ministerio de Asuntos Exteriores durante las semanas posteriores a los acontecimientos de Ceuta dejó espacio a «quienes buscan sacar rédito» para ofrecer diferentes interpretaciones de las relaciones entre Marruecos y España.

En este contexto, Nass se detuvo en la referencia del comunicado marroquí a las iniciativas legislativas españolas que no favorecen las relaciones entre ambos países. Afirmó que este punto merece un amplio debate, porque la Constitución marroquí permite la doble nacionalidad y porque obtener la nacionalidad española no significa necesariamente adoptar una posición política o separatista.

Explicó que los saharauis, al igual que el resto de los ciudadanos marroquíes, pueden considerar la ley una oportunidad para beneficiarse de las ventajas relacionadas con la residencia o la nacionalidad española, especialmente ante las presiones sociales y económicas. Subrayó que esto «no debería interpretarse automáticamente desde una perspectiva política».

«España ya ha aprobado anteriormente legislaciones similares para colectivos vinculados históricamente con ella, entre ellos ciudadanos de países de América Latina, judíos sefardíes y habitantes de Guinea Ecuatorial», afirmó Nass, antes de añadir que «las facilidades en materia de nacionalidad forman parte de un marco jurídico y de derechos existente en la legislación española y no deberían vincularse exclusivamente con la coyuntura política actual».

En este contexto, el mismo analista político rechazó tratar a los saharauis como «separatistas supuestos» simplemente por la posibilidad de que puedan beneficiarse de la nacionalidad española. Señaló que los ciudadanos saharauis, al igual que el resto de los marroquíes, tienen derecho a beneficiarse de la doble nacionalidad cuando cumplen las condiciones legales.

Añadió que los antecedentes de la ley se remontan a varios años y que los principales actores de su recorrido son los partidos políticos españoles y sus agendas internas, y no las asociaciones ni los acontecimientos coyunturales recientes.

Publicado el : 12 de septiembre de 2026

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