Tetuán… Las agresiones a jóvenes marroquíes en Ceuta ponen de manifiesto el silencio de las asociaciones de mujeres y plantean interrogantes sobre su dependencia de entidades europeas financiadoras.

Tetuán… La agresión contra niñas marroquíes en Ceuta pone en evidencia el silencio de las asociaciones de mujeres y plantea interrogantes sobre su dependencia de entidades europeas

El llamativo silencio adoptado por varias asociaciones de mujeres de la provincia de Tetuán ante las agresiones y casos de explotación sexual que habrían sufrido niñas marroquíes en la ciudad de Ceuta plantea numerosos interrogantes sobre el grado de independencia de estas organizaciones y sobre su capacidad para defender a mujeres y menores cuando los casos están relacionados con las políticas migratorias europeas.

Mientras que las asociaciones dedicadas a la defensa de los derechos de las mujeres deberían situarse en primera línea para reclamar investigaciones serias, protección para las menores y responsabilidades para quienes resulten implicados en agresiones o situaciones de explotación, se observa una ausencia casi total de posicionamientos firmes y claros sobre este asunto. Todo ello pese a que las víctimas son niñas marroquíes, algunas de ellas procedentes de la región norte, y que el caso afecta directamente a los derechos de la infancia, de las mujeres y a la dignidad humana.

Este silencio no puede considerarse simplemente una decisión circunstancial, ya que abre la puerta a una cuestión más delicada: ¿pueden algunas asociaciones locales ejercer una labor de defensa verdaderamente independiente cuando su posición entra en contradicción con las orientaciones de instituciones y entidades europeas que, en diferentes contextos, forman parte de los programas de apoyo y cooperación de los que se benefician organizaciones de la sociedad civil marroquí?

Durante los últimos años, cuestiones como la igualdad, la representación de las mujeres y su empoderamiento han ocupado un lugar destacado en numerosos programas de cooperación y colaboración entre organizaciones europeas y asociaciones marroquíes. Se trata de cuestiones legítimas y necesarias. Sin embargo, el problema aparece cuando la dependencia de la financiación o de determinadas alianzas puede convertirlas en un factor que lleve a algunas organizaciones a mostrarse más prudentes a la hora de cuestionar políticas europeas, especialmente cuando estas están relacionadas con la migración o con vulneraciones de derechos sufridas por migrantes marroquíes.

La cuestión, por tanto, no consiste en cuestionar la cooperación internacional ni la financiación de la sociedad civil, sino en preguntarse por el grado de independencia de las organizaciones: ¿puede una asociación que recibe financiación externa alzar la voz cuando una vulneración está vinculada a políticas o instituciones del país del que procede la entidad financiadora? ¿O el temor a perder recursos o a poner en riesgo determinadas colaboraciones convierte el silencio en la opción más segura?

La contradicción resulta todavía más evidente cuando las víctimas son menores de edad.

Las asociaciones que defienden los derechos de las mujeres y luchan contra la violencia y las agresiones sexuales deberían situar, por encima de cualquier otra consideración, los derechos y la protección de las víctimas. El discurso no debería cambiar en función de la identidad del agresor, del lugar donde se produce la vulneración o de la posible vinculación política o institucional de quienes puedan estar relacionados con ella.

Además, el endurecimiento de las políticas migratorias europeas ha convertido la situación de los menores y migrantes en ciudades como Ceuta y Melilla en un asunto especialmente sensible. De ahí la necesidad de una sociedad civil independiente, capaz de defender los derechos humanos sin relegarlos cuando estos entran en conflicto con intereses políticos o de seguridad de los Estados europeos.

El silencio de las asociaciones de mujeres de Tetuán ante un caso que, por su naturaleza, debería encontrarse en el centro de sus preocupaciones sociales y de defensa de los derechos humanos no solo puede afectar a su imagen ante la opinión pública, sino que plantea una cuestión más amplia sobre la relación entre la sociedad civil local y determinadas entidades financiadoras extranjeras, así como sobre el riesgo de que la financiación internacional termine condicionando, directa o indirectamente, el margen de actuación de algunas organizaciones.

Lo que se necesita ahora no son únicamente declaraciones generales sobre igualdad, empoderamiento o derechos de las mujeres, sino posicionamientos claros cuando hay niñas en situación de riesgo. Los derechos de las mujeres no pueden ser selectivos y los derechos de la infancia no deberían estar sometidos a fronteras, intereses políticos o consideraciones relacionadas con los financiadores.

Si algunas asociaciones de mujeres de Tetuán se consideran realmente independientes, el caso de las niñas marroquíes en Ceuta constituye una verdadera prueba para demostrarlo: ¿alzararán su voz en defensa de las víctimas o continuará el silencio porque este caso sitúa las políticas europeas ante el escrutinio?

Los derechos no pueden defenderse de manera selectiva. La independencia de una organización no se mide por el número de conferencias o por los lemas que pronuncia, sino por su capacidad para defender a las víctimas y denunciar aquello que considera injusto, incluso cuando hacerlo pueda tener un coste político o institucional.

Publicado el : 17 de agosto de 2026

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