España cierra su mayor regularización en 20 años con 1,3 millones de solicitudes, el triple de lo previsto.

Este martes 29 de junio cierra el plazo de la regularización extraordinaria de inmigrantes en España, y las cifras que deja el proceso han dejado al propio gobierno sin palabras. Lo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez calculó que podría afectar a unas 500.000 personas ha desbordado todas las previsiones.

Según la Plataforma Mercurio, el sistema del Ministerio de Política Territorial que gestiona las solicitudes, las peticiones registradas rozan ya los 1,3 millones, más del triple de lo que nadie había previsto. A mediados de junio, el gobierno ya acumulaba 900.000 solicitudes, de las cuales cerca de 360.000 habían sido admitidas a trámite, un primer paso que habilita automáticamente a residir y trabajar en España de forma provisional mientras la Administración resuelve cada expediente. El Ministerio de Inclusión, liderado por Elma Saiz, prevé publicar los datos definitivos esta misma semana.

La regularización, aprobada mediante real decreto el 14 de abril de 2026, está dirigida a personas extranjeras que se encontraban en España antes del 1 de enero de 2026, con al menos cinco meses de permanencia continuada y sin antecedentes penales. Parte de una iniciativa legislativa popular de 2024 que reunió más de 700.000 firmas ciudadanas, y es la mayor regularización que España afronta desde la de 2005, que afectó a unas 600.000 personas.

El proceso no ha estado exento de problemas. El mayor obstáculo para miles de solicitantes ha sido el certificado de antecedentes penales del país de origen, un documento que muchos aún esperaban recibir a días del cierre del plazo. La norma permite presentar la solicitud sin él, autorizando al gobierno a pedirlo por vía diplomática, con un plazo adicional de tres meses para su resolución. Las oficinas de servicios sociales se vieron desbordadas por quienes necesitaban el certificado de vulnerabilidad, y un ejército de abogados, ONG y sindicatos trabajó a contrarreloj para facilitar los trámites a quienes no podían gestionarlos solos.

La portavoz adjunta de Sumar en el Congreso, Aina Vidal, denunció esta semana cobros ilegales en algunos consulados españoles en el extranjero y alertó de que el Ministerio del Interior ha continuado ejecutando deportaciones de personas que estaban a punto de presentar su solicitud, una contradicción que ha generado un profundo malestar entre las organizaciones de apoyo a los inmigrantes.

Detrás de las cifras hay historias. Gracias a fuentes españolas podemos conocer la historia de Mónica Olivera, cubana de 71 años, periodista y traductora, que vive gracias a la organización Cobijo Cubano y no oculta que se considera de derechas, pero elogia sin reservas la medida del gobierno socialista. “Es la tabla de salvación de todos nosotros”. Linda Araújo y Luis Brito, venezolanos afincados en Cáceres ella farmacéutica, él profesor de bachillerato, llevan meses como voluntarios en la Fundación Cecca Social ayudando a otros inmigrantes a tramitar sus solicitudes. Son dos de los miles de perfiles que componen este proceso. Personas integradas laboralmente, que pagan impuestos, que tienen hijos escolarizados en España y que hasta hoy vivían en la incertidumbre permanente de la irregularidad.

Entre los colectivos más beneficiados por la regularización están los marroquíes, una de las comunidades de inmigrantes más numerosas en España y una de las que mayor presencia tiene en el mercado laboral informal, especialmente en la agricultura, la hostelería y la construcción. Las cifras desglosadas por nacionalidad aún no han sido publicadas oficialmente.

No todo son luces. María Miyar, directora de Estudios Sociales de Funcas, advierte de la posibilidad de que se hayan colado documentos falsos en el proceso y del margen de discrecionalidad que tendrá la Administración en la resolución de los expedientes. La Guardia Civil ya ha detectado y desarticulado una red de empadronamientos fraudulentos en Seseña (Toledo), con cuatro detenidos.

El PP, que apoyó la iniciativa legislativa popular que dio origen al proceso, ha mantenido una oposición frontal al decreto del gobierno.

El cierre del plazo no significa el final del proceso, sino el inicio de su fase más larga y compleja. La revisión, verificación y resolución de más de un millón de expedientes.

La Administración tiene tres meses para resolver cada uno. Lo que ocurra en ese proceso determinará cuántas de las 1,3 millones de solicitudes se convierten en permisos de residencia reales y cuántas se quedan en el camino.

Publicado el : 29 de junio de 2026

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