Crisis sin precedentes en la justicia marroquí: los abogados llevan su pulso con el gobierno hasta las puertas del Parlamento.

Hay momentos en la historia de una profesión que marcan un antes y un después. Marruecos vive uno de esos momentos. Desde hace semanas, los tribunales del reino permanecen en silencio. Los pasillos de los juzgados de Casablanca, Rabat, Tanger y Fez habitualmente colmados de togas negras, expedientes y el murmullo constante de quien acude a buscar justicia, se han convertido en espacios vaciados de actividad profesional. Los abogados marroquíes han dicho basta. Y lo que comenzó como una advertencia se ha convertido en la mayor crisis que ha vivido la abogacía del Reino en su historia moderna. El detonante formal es el proyecto de ley 66.23 sobre la organización de la profesión de abogado, impulsado por el Ministerio de Justicia bajo la dirección de Abdelatif Ouahbi. Pero la raíz del conflicto es más profunda: es una disputa sobre el alma de la abogacía, sobre quién tiene la última palabra en la organización de una profesión que, por definición, debe ser independiente del poder ejecutivo que pretende regularla. Para entender lo que ocurre hoy frente al Parlamento marroquí, hay que retroceder hasta octubre de 2024, cuando el proyecto de ley 66.23 fue depositado por primera vez en la Secretaría General del Gobierno. Desde ese instante, la Asociación de Colegios de Abogados de Marruecos activó todas sus alarmas. El texto, elaborado en el seno del Ministerio de Justicia sin la participación efectiva de los profesionales, proponía una reforma integral de la profesión que los letrados consideraron desde el primer momento un ataque directo a sus pilares históricos. La independencia, la inmunidad del defensor, la libertad de expresión en sala y el secreto profesional.

La primera respuesta llegó en enero de 2026 con una huelga nacional de un día, seguida de una concentración masiva el 6 de febrero y del boicot sistemático a la plataforma digital de justicia. La presión funcionó. El 11 de febrero de 2026, el propio jefe de Gobierno, Aziz Akhannouch, intervino personalmente para desactivar la crisis.

Prometió que el proyecto no sería enviado al Parlamento hasta alcanzar un consenso con los profesionales, y anunció la creación de una comisión mixta bajo su supervisión directa para negociar los puntos de conflicto. Los abogados suspendieron la huelga. Confiaron en las instituciones. El 19 de mayo de 2026, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley 66.23 en su primera lectura. El mismo proyecto que Akhannouch había prometido no enviar al Parlamento sin consenso previo. La Asociación de Colegios de Abogados lo calificó sin rodeos de “incumplimiento de los compromisos adquiridos en el marco del diálogo”. Los abogados no solo se sentían ignorados. Se sentían engañados.

Pero lo que convirtió la frustración en indignación fue una declaración del propio ministro de Justicia, Abdelatif Ouahbi, pronunciada el 23 de junio durante la sesión de aprobación del proyecto en el Consejo de Consejeros: “¿Quiénes sois vosotros para que el jefe de Gobierno se comprometa con vosotros?” Una frase que resonó en cada despacho, en cada colegio de abogados del país, como una bofetada institucional. Para el colectivo, fue la confirmación de que el diálogo había sido, desde el principio, una fachada. El 10 de junio de 2026, el bureau de la Asociación se reunió en sesión extraordinaria en Rabat. La decisión fue unánime: nueva huelga. Y esta vez, más larga. Del 15 al 21 de junio, la práctica totalidad de los colegios de abogados del país pararon durante siete días, con la excepción del Colegio de Casablanca, que alegó que la decisión fue “repentina” y podía perjudicar expedientes urgentes, en una huelga que los propios abogados denominaron “de advertencia”. Los tribunales de Rabat, Marrakech, Fez, Tánger y otras ciudades vivieron una parálisis sin precedentes recientes. Miles de vistas aplazadas. Miles de ciudadanos sin acceso a la justicia. Miles de expedientes acumulados en los juzgados. La advertencia no fue escuchada. El 22 de junio, la Comisión de Justicia, Legislación y Derechos Humanos del Consejo de Consejeros aprobó el texto con enmiendas que los abogados calificaron de “regresivas”, más duras aún que las ya existentes. Al día siguiente, el 23 de junio, el Consejo de Consejeros, la cámara alta del Parlamento, aprobó el proyecto por mayoría. Fue el momento en que la huelga pasó de temporal a indefinida. Desde ese día, los tribunales marroquíes permanecen paralizados sin fecha de retorno. El proyecto de ley 66.23 no es un texto cualquiera. Tiene más de cien artículos y propone una reforma integral de una profesión regulada desde 1996. El gobierno la presenta como una modernización necesaria. Mayor transparencia financiera, protección del ciudadano, regulación de los honorarios mediante el “encargo escrito” obligatorio, y actualización de los requisitos de acceso a la profesión. Nada de eso, en abstracto, es objetable. El problema que denuncian los abogados, está en los detalles. Y los detalles importan. El artículo 25 obliga a publicar y comunicar el registro colegial a múltiples instancias judiciales y administrativas. Para los letrados, esto convierte un documento esencialmente profesional en un instrumento de control gubernamental, vaciando los colegios de su gestión interna autónoma. El proyecto amplía, de forma generalizada, la supervisión del Ministerio de Justicia sobre asuntos que históricamente han sido competencia exclusiva de las instituciones colegiales elegidas democráticamente por los propios abogados. Otra disposición especialmente polémica prohíbe expresamente las concentraciones y manifestaciones dentro de los espacios judiciales durante las sesiones, e impide los acuerdos colectivos para suspender la asistencia jurídica o boicotear sesiones. Los abogados consideran que este artículo es directamente inconstitucional: suprime instrumentos legítimos de presión que la profesión ha utilizado históricamente para defender su independencia. El artículo 5 eleva el listón de acceso a la profesión, exigiendo ahora título de Máster, antes bastaba la licenciatura, y fija una edad máxima de 40 años para acceder al instituto de formación, lo que los abogados jóvenes consideran una barrera de entrada injustificada y discriminatoria. La vinculación del ejercicio profesional al pago de impuestos y cotizaciones al día añade otro frente de conflicto. Un simple retraso administrativo podría dejar a un abogado inhabilitado para ejercer. Para la Asociación de Colegios, el proyecto no es una reforma. Es “un proyecto sistemático destinado a debilitar la abogacía, despojarla de los fundamentos de su independencia e intentar eludir su misión histórica en la defensa de los derechos, las libertades y el Estado de Derecho”. El secretario general del Colegio de Casablanca, Yusuf Abdelkawi, lo resumió con precisión quirúrgica: “Algunos artículos reducen el papel del abogado. Además, hay requisitos injustificados, como vincular el ejercicio de la profesión al pago de impuestos y cotizaciones de forma que podría exponer al abogado a la prohibición de trabajar en caso de disputa o retraso administrativo. Eso es una amenaza a la independencia de la profesión”. Lo que ocurre en los juzgados marroquíes desde el 24 de junio es difícil de describir sin acudir a términos como colapso. Los tribunales de apelación de Casablanca, Rabat, Fez, Marrakech y otras ciudades han registrado una parálisis casi total en sus sesiones. Los expedientes se acumulan. Las vistas se aplazan sine die. Y quienes más sufren esta situación no son ni los abogados ni el gobierno: son los ciudadanos que esperaban una sentencia, los litigantes que llevan meses aguardando resolución a sus casos, los más vulnerables que dependen de la asistencia jurídica gratuita, también suspendida, para acceder a una defensa que sin abogado no existe. El presidente de la Asociación, Al-Husayn Al-Ziani, no ha ocultado la gravedad del momento. “La independencia de la abogacía es un logro fundamental irrenunciable y un pilar del Estado de Derecho. La profesión atraviesa una etapa existencial”. Su homólogo en Rabat, el decano Aziz Rouibah, ha insistido en que la profesión atraviesa una fase que va mucho más allá de un desacuerdo técnico sobre artículos concretos, y ha llamado a todos los abogados de su colegio a mantener el paro hasta que se produzca una decisión diferente, advirtiendo de que la huelga no excluye nuevas formas de presión. La Asociación de Colegios de Abogados no ha limitado su respuesta al ámbito nacional. En un movimiento que eleva la dimensión política del conflicto a una escala completamente nueva, ha contactado al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Jueces y Abogados, al que ha trasladado formalmente lo que considera “un ataque grave a la abogacía marroquí”. Ha iniciado también contactos con organizaciones internacionales de abogados para construir un frente de presión exterior que obligue al gobierno a reconsiderar su posición.

Este lunes, a las 11:00 de la mañana, abogadas y abogados de todos los colegios del reino se concentrarán frente al Parlamento marroquí en Rabat bajo el lema “Concentración para la consolidación de los logros conquistados”. Será la mayor movilización de la abogacía marroquí en décadas, una concentración que llega después de meses de resistencia, dos oleadas de huelga y un sentimiento colectivo de que las instituciones del Estado han fallado a quienes tienen como misión constitucional defender los derechos del ciudadano.

El decano de Casablanca, Mohamed Hissi, que durante la primera huelga de advertencia mantuvo a su colegio al margen, se incorporó finalmente a la huelga indefinida el 24 de junio, tras la aprobación del proyecto en el Consejo de Consejeros. El Colegio de Casablanca, el más grande del país, anunció la suspensión de todos sus servicios profesionales hasta nuevo aviso y llamó a sus abogados a sumarse a la movilización del lunes.

Lo que ocurra el lunes 29 de junio determinará el siguiente capítulo de esta crisis. Si el gobierno mantiene su posición y el proyecto sigue adelante, la abogacía marroquí ha prometido un programa de presión “sin precedentes en su historia”. Si el ejecutivo cede y abre una negociación real, habrá que ver si quedan suficientes puentes de confianza para cruzarlos.

Hay una pregunta que late en el fondo de todo este conflicto y que va más allá de los artículos del proyecto 66.23: ¿qué modelo de Estado quiere Marruecos? La independencia de la abogacía no es un privilegio corporativo. Es una garantía constitucional para todos los ciudadanos. Un abogado que ejerce bajo la tutela del ministerio que puede juzgar a su cliente no es un defensor libre. Es un funcionario con toga. Un análisis jurídico publicado por el portal Al3omk lo planteó con claridad.“El ciudadano que siente que su abogado no puede defenderle con plena libertad perderá su confianza en todo el proceso judicial, lo que abre la puerta a la frustración, la indiferencia y quizás la búsqueda de soluciones fuera del marco de la ley”. Debilitar al abogado, concluye ese análisis, no fortalece al Estado. Puede debilitar su propia legitimidad legal.

Marruecos tiene una tradición histórica de abogacía comprometida con los derechos y las libertades. Los abogados marroquíes han sido, en muchos momentos de la historia del país, los últimos guardianes de garantías que ninguna otra institución quiso defender. Lo que está en juego el lunes frente al Parlamento no es solo una ley. Es esa tradición. Y la pregunta de si Marruecos está dispuesto a sacrificarla en nombre de la eficiencia administrativa.

Publicado el : 27 de junio de 2026

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