El caso de los 61 marroquíes detenidos en Argelia despierta interrogantes.

Argelia acusa a 61 ciudadanos marroquíes de sabotaje sin aportar pruebas concretas

El comunicado de la Dirección General de Seguridad Nacional de Argelia, difundido el domingo 11 de octubre, apenas ocupa unas líneas. Según el texto, 61 ciudadanos marroquíes, detenidos en Orán a principios de octubre, «se disponían a cometer actos de sabotaje que atentaban contra la seguridad y el orden públicos». La supuesta red sería «extremadamente peligrosa». Sus integrantes habrían viajado en avión hasta Túnez y, posteriormente, cruzado la frontera por senderos de montaña y bosques de El Kala, antes de llegar a Orán, situada en el extremo opuesto del país.

¿En qué consistían esos actos de sabotaje? ¿Cuáles eran sus objetivos? ¿Qué medios iban a utilizar? El comunicado no ofrece ninguna respuesta. Como supuestos elementos de prueba, menciona pasaportes marroquíes y cantidades de dinero en dírhams y euros; es decir, objetos y divisas que puede llevar consigo cualquier viajero marroquí. Incluso la agencia AFP, poco sospechosa de mostrar indulgencia hacia Rabat, señala de forma sobria que la Dirección General de Seguridad Nacional argelina «no ha ofrecido detalles sobre las acciones que supuestamente había planeado» la red.

El relato suscita interrogantes. Sesenta y un presuntos saboteadores que viajan en grupo, con sus identidades reales y sus pasaportes, atraviesan Argelia de este a oeste y terminan siendo detenidos juntos. No es así como suele operar un servicio de inteligencia. En cambio, sí es una manera de fabricar un titular.

El verdadero enemigo: los marroquíes

El régimen argelino repite constantemente que su disputa se dirige contra el «Majzén» y no contra el pueblo marroquí. Sin embargo, los hechos apuntan en otra dirección. Argelia restableció la obligación de visado para los ciudadanos marroquíes en 2024. En 2023, los guardacostas argelinos abrieron fuego contra ciudadanos marroquíes frente a las costas de Saïdia. Y son precisamente los marroquíes quienes aparecen a diario en determinados medios de comunicación argelinos, alineados con el poder, bajo acusaciones de espionaje, tráfico ilícito o colaboración con potencias extranjeras.

La continuación de esta historia parece estar ya escrita. En respuesta al comunicado, el periódico Algérie Patriotique, vinculado al fallecido Khaled Nezzar, exministro de Defensa argelino y figura señalada por graves acusaciones relacionadas con violaciones de derechos humanos, planteó abiertamente la posibilidad de «expulsar a todos los marroquíes establecidos ilegalmente en Argelia» y de emprender una «campaña de expulsión masiva y sistemática».

Los marroquíes tienen memoria. En diciembre de 1975, el régimen de Houari Boumédiène expulsó de un día para otro a decenas de miles de familias marroquíes, que fueron despojadas de sus bienes y separadas de sus seres queridos. Medio siglo después, según esta interpretación, el mismo reflejo vuelve a manifestarse.

El temor a finales de octubre

El calendario no parece casual. El Consejo de Seguridad de la ONU debe aprobar a finales de octubre una nueva resolución sobre el Sáhara, un año después de la resolución 2797, que situó el plan de autonomía como base de las negociaciones.

Hace apenas unos días, el presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, explicó a los ciudadanos de su país que Argelia no sería «más saharaui que los saharauis». Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Ahmed Attaf, lamentó que la cuestión hubiera quedado «reducida a una simple cuestión de refugiados».

Ante la dificultad de modificar el rumbo de los acontecimientos en Nueva York, Argelia recurre a la amenaza interna. Es una vieja fórmula de los regímenes que atraviesan dificultades: cuando la diplomacia no da los resultados esperados, se construye la imagen de un enemigo.

El contraste resulta llamativo. El 9 de octubre, ante el Parlamento, el rey Mohammed VI habló de reformas, juventud, descentralización y alianzas estratégicas. Un discurso centrado en el futuro del país. Dos días después, Argel respondía con un comunicado policial. Cada cual tiene sus prioridades.

Un caso que no debería quedar sin respuesta

Sesenta y una personas permanecen detenidas sobre la base de acusaciones que, hasta el momento, no han sido respaldadas públicamente con pruebas concretas. Tienen derecho a contar con asistencia letrada, a un juicio justo y a recibir protección consular de su país. Estos derechos no son negociables, independientemente del estado de las relaciones entre Rabat y Argel.

Los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos, desde el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria hasta las principales organizaciones no gubernamentales, disponen de motivos para examinar el caso y evaluar si se han respetado las garantías fundamentales de los detenidos.

El régimen argelino pretendía presentar el caso como el desmantelamiento de una red de saboteadores. Sin embargo, desde la perspectiva crítica que sostiene este artículo, el episodio vuelve a poner de manifiesto la hostilidad hacia los ciudadanos marroquíes.

Nota editorial: el texto original contiene acusaciones y valoraciones políticas contundentes. La traducción conserva su enfoque argumentativo; las afirmaciones sobre los detenidos, las pruebas y las intenciones de las autoridades argelinas no se han verificado de forma independiente.

Publicado el : 12 de octubre de 2026

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