Abascal cuestiona el modelo de nacionalidad española y apunta a los ciudadanos de origen marroquí.

El partido ultraderechista español Vox, liderado por Santiago Abascal, ha incluido los expedientes de nacionalización de más de 300.000 españoles de origen marroquí entre los casos que pretende revisar en su programa electoral. La formación considera que la concesión de la nacionalidad española en estos supuestos podría estar marcada por un supuesto «fraude». La propuesta coincide con su intención de imponer un impuesto a las transferencias de dinero que los inmigrantes envían a sus familias en el extranjero, de cara a las elecciones legislativas previstas para el próximo 29 de noviembre.

La formación de derecha radical pone el foco en los procesos de nacionalización de ciudadanos de origen marroquí durante la última década, un periodo en el que se han registrado más de 30.000 concesiones anuales de media. En 2017, un total de 17.082 personas obtuvieron la nacionalidad española, frente a las 54.027 registradas en 2023.

El programa electoral de Vox recoge el compromiso de revisar los expedientes de concesión de nacionalidad que considera fraudulentos, aunque no concreta qué procedimientos pretende aplicar. No obstante, medios de comunicación españoles han informado, citando fuentes del partido, de que esta iniciativa afecta a los ciudadanos nacionalizados de origen marroquí, debido a que continúan conservando su nacionalidad de origen tras adquirir la española.

El propio Abascal afirmó el pasado 4 de noviembre, en una entrevista concedida a la emisora Onda Cero, que España y Marruecos no tienen un convenio de doble nacionalidad. En este contexto, acusó a las autoridades de conceder la nacionalidad española a ciudadanos marroquíes que no han renunciado efectivamente a su nacionalidad anterior y calificó esta situación de «gran fraude».

Sin embargo, el artículo 23 del Código Civil español exige a los solicitantes de nacionalidad de origen marroquí que declaren su renuncia a la nacionalidad anterior, pero no les obliga a presentar un documento que acredite su pérdida efectiva. Así lo confirmó el Gobierno español en una respuesta parlamentaria de octubre de 2025, en la que señaló que no existe fundamento jurídico que permita al Ministerio de Justicia exigir una prueba de la pérdida de la nacionalidad de origen.

Por su parte, el Código de la Nacionalidad marroquí establece en su artículo 19 que los ciudadanos marroquíes mayores de edad que adquieran voluntariamente una nacionalidad extranjera en el exterior solo pierden la marroquí si reciben autorización para renunciar a ella mediante decreto. El artículo 20 precisa que la pérdida surte efecto a partir de la publicación de dicho decreto. Esta disposición explica por qué Marruecos sigue reconociendo como nacionales a personas que han completado los trámites de nacionalización ante las autoridades españolas.

Existen situaciones similares entre ciudadanos que poseen simultáneamente las nacionalidades española y británica o española y estadounidense, pese a que tampoco existen acuerdos bilaterales de doble nacionalidad con estos países. Sin embargo, Vox ha centrado su discurso electoral en los ciudadanos nacionalizados de origen marroquí.

El Código Civil español establece, además, un límite a la revisión de antiguos expedientes de nacionalización. La legislación contempla la consolidación de la nacionalidad cuando una persona la ha poseído y utilizado de forma continuada durante diez años, de buena fe y sobre la base de su inscripción en el Registro Civil, incluso si posteriormente se anula el título en virtud del cual la adquirió.

Esta propuesta se plantea en un país donde reside más de un millón de personas nacidas en Marruecos, con situaciones jurídicas diferentes: ciudadanos que han obtenido la nacionalidad española y otros que mantienen la marroquí.

Entre los compromisos electorales de Vox también figura el endurecimiento de las condiciones para acceder a la nacionalidad española. Como regla general, la legislación exige diez años de residencia legal y continuada, aunque contempla plazos más reducidos para ciudadanos de determinados países, entre ellos varios de América Latina.

La formación también reclama la derogación de la Ley de Memoria Democrática, conocida como «Ley de Nietos», que permitió a descendientes de familias españolas acceder a la nacionalidad mediante condiciones específicas. Hasta el pasado mes de agosto, alrededor de 600.000 personas se habían beneficiado de este mecanismo, mientras que cerca de dos millones de solicitudes continuaban pendientes de resolución.

Abascal ya había acusado anteriormente a este procedimiento de alterar la composición del censo electoral. En este sentido, su partido consiguió que el Tribunal Supremo acordara excluir a 163.000 personas nacionalizadas de las listas electorales por no acreditar su condición de descendientes de exiliados españoles. Sin embargo, fracasó en un intento similar que afectaba a unos 190.000 descendientes de los beneficiarios de esta vía de nacionalización.

Vox propone gravar las remesas enviadas por los inmigrantes

En materia de transferencias internacionales, Vox plantea establecer un impuesto sobre el dinero que los inmigrantes residentes en España envían a sus familiares en el extranjero. La propuesta toma como referencia una medida impulsada por la Administración del presidente estadounidense Donald Trump, que entró en vigor a comienzos de 2026 y establece un gravamen del 1% sobre determinadas categorías de transferencias.

El partido justifica esta iniciativa por la necesidad de que los recursos económicos generados en España reviertan en su economía y en sus ciudadanos. Sin embargo, no concreta ni el porcentaje del impuesto que pretende aplicar ni el alcance de la medida. Por su parte, expertos en fiscalidad advierten de posibles dificultades jurídicas, dado que los ingresos de los inmigrantes ya están sujetos al sistema tributario español.

La propuesta de gravar las remesas familiares figura en un programa que, al mismo tiempo, promete importantes reducciones de impuestos sobre la renta, el consumo y los beneficios empresariales. No contempla, en cambio, una medida equivalente para los beneficios que las empresas extranjeras establecidas en España transfieren a sus países de origen.

El programa electoral también plantea restringir el acceso de los extranjeros a determinadas prestaciones sociales. Entre otras medidas, Vox propone limitar el Ingreso Mínimo Vital a los ciudadanos españoles, pese a que los extranjeros representan aproximadamente el 17% de sus beneficiarios. Asimismo, defiende dar prioridad a los españoles en el acceso a los servicios públicos y las ayudas sociales.

La formación también aboga por impedir que los inmigrantes en situación irregular puedan inscribirse en los registros municipales, limitar sus posibilidades de acceder al alquiler de viviendas y restringir la atención sanitaria que reciben a los casos en los que exista riesgo para la vida. A ello se suma la propuesta de fomentar el retorno de aquellas personas a las que el partido considera dependientes de las prestaciones sociales sin realizar una contribución económica.

Publicado el : 14 de noviembre de 2026

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